La Sociedad Rural exige medidas urgentes y articula acciones para enfrentar una situación que, lejos de ser nueva, se ha vuelto insostenible.
En el interior productivo de Tucumán, el clima de inseguridad ha dejado de ser una sensación para convertirse en una realidad cotidiana. Robos de animales, hurtos de insumos agrícolas y ataques sistemáticos a propiedades rurales están generando un profundo malestar entre los productores, que sienten cómo la desprotección se ha instalado como norma. Frente a este escenario, la Sociedad Rural de Tucumán decidió emitir un comunicado enérgico y comenzar a tejer redes de acción junto a otros actores del sector.
José Frías Silva, presidente de la Sociedad Rural, advierte con preocupación que la situación ha llegado a un punto crítico. “Esto no es nuevo, pero vemos que en este momento se está agravando. Hay productores que ya no saben a quién acudir. Hacen una denuncia y después se sienten marcados; los delincuentes amenazan a los empleados y se instala un temor generalizado en toda la zona rural”, expresó.
La gravedad de los hechos no solo reside en su frecuencia, sino también en su metodología. Frías Silva detalla que los delincuentes operan con recursos y planificación. “Entran con vehículos a los campos, rompen portones, cadenas, no les importa si hay cámaras de seguridad. Ya no se trata de hurtos menores, son operativos armados con conocimiento del terreno”, señala.
Esta oleada de delitos afecta tanto al sector agrícola como al ganadero y se extiende por toda la provincia, incluyendo zonas limítrofes con Santiago del Estero. Allí se suma una dificultad adicional: la confusión jurisdiccional. “Cuando los delitos ocurren cerca de la frontera, nadie se hace cargo. Vas a hacer la denuncia y te dicen que no corresponde a esa comisaría, que es del otro lado. Así quedamos en la nada”, lamenta Frías Silva.
El pedido del sector es claro: más prevención, más recursos y un sistema judicial que responda con mayor eficacia. “Hemos hablado con la policía, enviado notas, solicitado más móviles para que la Guardia Rural pueda cubrir el territorio. Hoy lo único que nos queda es la prevención, porque por el lado de la justicia es muy difícil. Para que una denuncia prospere, tenés que saberle hasta el número de documento al que te robó”, afirma.
Las consecuencias económicas no tardan en llegar. Los delitos no solo implican pérdidas inmediatas de bienes, sino que afectan la continuidad productiva y elevan los costos en un momento de crisis. “Tenemos robo de animales, robo de productos fitosanitarios, que son carísimos. Algunos productores incluso han contratado seguridad privada, pero eso también conlleva riesgos. No podés exponer a tu gente a enfrentarse cuerpo a cuerpo con delincuentes decididos”, remarca el dirigente.
En medio de esta situación, desde la Sociedad Rural se buscan soluciones creativas para coordinar esfuerzos. Una de las ideas que ha surgido es la creación de grupos de WhatsApp entre productores para compartir alertas, al estilo de lo que se ha hecho en otras crisis, como las plagas de langostas. “Teníamos programada una reunión con la Guardia Rural en Simoca para organizar esto, pero se pospuso por los actos del 9 de julio. Esperamos reprogramarla pronto”, explicó.
Además de esta articulación entre productores, Frías Silva subraya la necesidad de generar alianzas con otras entidades del sector. “Desde Apronor también se vienen emitiendo comunicados. Nos gustaría unir fuerzas con instituciones como SENASA, la Estación Experimental, el INTA. Cuantas más voces se sumen, más fuerza tiene nuestro reclamo”, sostiene.
El diagnóstico es claro, pero lo más alarmante es la falta de reacción estatal. La desconfianza hacia el sistema judicial y policial se ha naturalizado, y muchos productores ya ni siquiera hacen la denuncia. “La gente no cree más. No es que no tenga ganas de denunciar, es que no confía. Además, te piden datos imposibles: que cuántos eran, qué llevaban, de qué color era la camioneta. A veces los robos son de noche, ni te enterás. Un productor nos contó que le robaron bolsas de semillas y al hacer la denuncia le pidieron que coincidan los membretes. ¿Quién puede guardar el código de cada bolsa?”, comenta con indignación.
En este contexto, el llamado al gobierno provincial es urgente. Frías Silva hace un pedido directo: “Que asignen más vehículos a la Guardia Rural. No se puede trabajar con semejante extensión territorial sin recursos. Necesitamos que el Estado llegue a donde tiene que llegar”.
Mientras tanto, el sector insiste en la unidad. La esperanza radica en una red de productores más articulada, con canales de comunicación más eficaces y, sobre todo, con un acompañamiento institucional que hoy se percibe ausente. “Sería ideal que podamos trabajar juntos. Productores, instituciones, el Estado. Esto no se resuelve solo, y no podemos acostumbrarnos a vivir con miedo”, concluye.
