Como es de público conocimiento los robos y ataques armados en zonas rurales continúan y se intensifican. El principal objetivo es sustraer insumos agropecuarios y el abigeato, entre otros. Tenemos un sistema de prevención en construcción, desde el sector reclamamos mayor respaldo policial, mobiliario y coordinación judicial para frenar un fenómeno que azota a la producción y la inversión.
Desde la Sociedad Rural de Tucumán advertimos que los delitos tienen mayor complejidad en las zonas limítrofes, registran un aumento preocupante, con modus operandi cada vez más violentos. Se debe trabajar en conjunto con la policía de otras provincias por choque de jurisdicciones, con toda la burocracia que esto conlleva.
Recientemente delincuentes encapuchados y armados golpearon al encargado de un campo.
La situación adquiere especial gravedad en la medida que muchos productores optan por no denunciar los hechos oficialmente, lo que frena la generación de estadísticas precisas y entorpece la respuesta del sistema de seguridad. Con esa omisión, se dificulta el trabajo de la policía de Delitos Rurales de Tucumán y de la justicia para desarticular redes delictivas que operan en la ruralidad.
Prevención en marcha pero con limitaciones
En junio pasado, la Sociedad Rural presentó un proyecto junto a las autoridades de seguridad provincial para la puesta en marcha de una “alarma vecinal” que identifique los focos geográficos donde ocurren los delitos, aprovechando denuncias, datos de productores y la comunidad rural para anticiparse al delito. Esta iniciativa contempla también la creación de redes de alerta entre productores para compartir información sobre intentos de robo, zonas vulnerables y patrones de actuación delictiva.
Desde la SRT sabemos que los empresarios tienen que hacer inversiones extras para suplir la falta de respuestas para los delitos.
Aún existen vacíos importantes: la entrega de vehículos destinados a la Guardia Rural provincial permanece pendiente, lo que limita la cobertura territorial y el patrullaje efectivo. También solicitamos la creación de una fiscalía espacializada en delitos rurales.
Impacto y repercusiones
El impacto económico de los robos rurales no se limita a las pérdidas de bienes físicos, también implica interrupciones en la producción, incremento de costos operativos y un freno a la decisión de invertir o ampliar explotaciones agrícolas y ganaderas.
Algunos productores incluso han contratado seguridad privada, pero eso también conlleva riesgos. No se puede exponer al personal a enfrentarse cuerpo a cuerpo con delincuentes decididos.
Mensaje al productor e iniciativas a futuro
Desde la Sociedad Rural el mensaje es claro: “El campo debe seguir siendo motor de desarrollo sin miedo”.
Para ello, proponemos como ejes de acción de largo plazo:
- Consolidar las redes de alerta vecinal entre productores y autoridades de seguridad.
- Lograr la dotación efectiva de móviles, patrullas y personal especializado para la Guardia Rural.
- Que la justicia actúe en forma más ágil y con foco en delitos del ámbito rural. Con una fiscalía especializada.
- Incentivar que los productores denuncien todos los hechos para permitir el análisis real del fenómeno.
- Fomentar una cultura de prevención compartida entre Estado, productores y comunidad.
