La demora en prorrogar la Ley 26.093, a pesar de los compromisos asumidos por distintas autoridades nacionales, demuestra la influencia de ciertos sectores que amenaza a la seguridad jurídica de la producción del Bioetanol.

La solicitud de prorrogar por parte de los Estados Provinciales, Diputados y Senadores Nacionales, además de diversas Instituciones que representan al Sector Sucroalcoholero se debe a la manera en que podría afectar a las Economías Regionales no extenderla en forma inmediata.

Por otro parte, la gran incertidumbre que genera en la producción primaria, donde existen un porcentaje muy alto de pequeños y medianos productores cañeros, al ver que la Ley vence casi en forma conjunta con el inicio de zafra en el mes de mayo.
Además, existen numerosas empresas que han asumido un compromiso, arriesgando no solo las inversiones actuales de producción y a futuro.

Entendemos que la ley debe ser prorrogada de manera inmediata, ya que nos encontramos próximos a su vencimiento y el Gobierno Nacional no da señales de consenso en busca de previsibilidad para el sector.