Las retenciones, las decisiones arbitrarias, la usurpación de tierras, el intento de la confiscación de la propiedad privada, en definitiva, la absoluta falta de políticas agropecuarias nacionales se suman a un listado interminable de conflictos.
Hoy, la triste noticia de que uno de los acusados por el crimen del productor agropecuario José Porcel fue beneficiado con la prisión domiciliaria nos indigna como ciudadanos.
La Justicia siempre tiene argumentos para beneficiar a los delincuentes.
Una vez más, sentimos que fueron en vano los reclamos y múltiples reuniones que hemos mantenido para exigir seguridad en las zonas rurales y en toda nuestra Provincia.
El diálogo con una Justicia sorda y con un Estado que no da respuestas es inviable.
Deben cumplir con su obligación constitucional de protegernos.
Este 8 de septiembre, no tenemos nada para festejar.
